MIGRACIÓN OBLIGADA:
LOS DESPLAZADOS DE MICHOACÁN

El estado de Michoacán, con una población total que se acerca a los 5 millones de habitantes, se le define también como un estado binacional. Tan sólo en los Estados Unidos de América radican alrededor de 4 millones de michoacanos, por ello se le ha llamado “el otro Michoacán”.

Y si observamos la migración como una opción que muchos michoacanos han ejercido en la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo principalmente económico, se entiende como un fenómeno natural que abona en demasía al sistema económico estatal a través de las remesas, al ser Michoacán el segundo estado en el país en aportación de remesas con una cifra total en 2021 superior a los 4 mil millones de dólares.

Paradójicamente aún poco se habla de los miles de michoacanos que han sido desplazados por el fenómeno de la inseguridad y obligados de manera violenta a abandonar sus propiedades y sus actividades de desarrollo económico, ellos son los olvidados. En su mayoría provienen de las regiones de Tierra Caliente, Oriente y Occidente del estado, esta última región ya señalada como la principal zona en disputa, ya también reconocida por entes nacionales e internacionales como la región más peligrosa y violenta del país y en algunos escenarios también del mundo.

A este fenómeno actualmente se le reconoce de manera oficial como MIGRACIÓN FORZADA. Al ser reconocida como tal, lo alarmante es que ni para este tipo de migración ni para la que se da con libre albedrío en Michoacán, existan mecanismos reales de atención, prevención o contención. Las personas migrantes michoacanas siguen siendo motivo de enarbolar discursos que no concretan alternativas de cambio o solución. En su última reforma publicada el 23 de Diciembre del 2019 La Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias, sigue habiendo una gran falta de verdadera inclusión dejando a este sector totalmente desprotegido y en vacío legal. Menciona en sus apartados muchas generalidades como tal pero no define mecanismos reales puesto que estos están sujetos en su totalidad a temas presupuestales y de infraestructura no
contemplados en la realidad de los presupuestos de egresos del Gobierno del Estado de Michoacán.

Entendamos pues que, mientras la construcción o reforma de esta ley acéfala no aperture los espacios para la participación del sector involucrado y de los expertos en fenómenos migratorios y seguridad, difícilmente los migrantes michoacanos podrán tener espacios y respeto a sus garantías individuales y de participación democrática más allá de los discursos.

La Evolución Mexicana debe ser con el sector migrante que aporta cultura, historia y economía a nuestro país.

Por Arturo Orta, Secretario de Migrantes.